La juez imputa a Enrique Cerezo y a Ignacio González por su duplex de lujo en Estepona

La titular del juzgado de instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha citado a declarar como investigados al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en el caso del dúplex que posee el primero de ellos en Estepona.

En una providencia, la juez comunica esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción a González y Cerezo, que deberán declarar como imputados el próximo 18 de abril a las 10:00 horas. Además, la juez ha citado ese mismo día y también en calidad de investigada a la mujer del ex presidente madrileño Lourdes Cavero.

El objetivo de la comparecencia es averiguar la verdadera titularidad del ático y si, como todo parece indicar, fue producto de un soborno al ex presidente de la Comunidad de Madrid. La comisión rogatoria solicitada en Estados Unidos trataba de certificar definitivamente que el dúplex de 500 metros cuadrados valorado en 1,3 millones de euros ha sido siempre del todavía presidente de la Comunidad de Madrid. Es decir, confirmar que, tal y como advirtió indiciariamente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), Ignacio González ha sido en todo momento el verdadero propietario de la vivienda.

En el auto, la magistrada también ordena una tasación pericial del ático en el año 2008 cuando fue adquirido por la sociedad Coast Investor que fue la que cuatro años después vendió el inmueble a González y Cavero, que lo venían disfrutando en régimen de alquiler.

Del mismo modo, solicita que se averigüe el patrimonio tanto del ex presidente madrileño como de su esposa y de Coast Investor, y requiere a la Policía Nacional de Estepona para que haga «las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos», las presuntas irregularidades en la venta del inmueble.

El pasado 26 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción en Málaga solicitó la imputación del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer, en relación con el apartamento de lujo que ambos tenían arrendado en la urbanización malagueña de Guadalmina (entre Estepona y Marbella) y que, posteriormente, pasó a ser de su propiedad. También pidió la comparecencia, igualmente como investigado, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Estas peticiones, realizadas por el fiscal en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), que lleva la causa, se produjeron a raíz de las últimas comprobaciones efectuadas relacionadas con las grabaciones de ciertas conversaciones aportadas a la causa, a resulta de las cuales se deduce que el ático era producto de un soborno, pues “se atribuyen a González hechos que de ser ciertos podrían integrar los delitos de cohecho y blanqueo de capitales”.

La petición del fiscal

El representante del ministerio público estimaba que estas declaraciones se deben llevar a cabo en el propio juzgado, puesto que es preciso reproducir las conversaciones que se encuentran aportadas al procedimiento y por las que ya declararon, pero como testigos, los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo a principios del mes pasado.

Asimismo, instó al juzgado a que se acuerde la complejidad de esta causa y detalló el fiscal que por el momento no se debe producir la inhibición al caso ‘Gürtel’, que se lleva en el Juzgado Central de Instrucción número 5, al no estar acreditada la vinculación de los hechos, aunque se apuntó que habrá que esperar al resultado de otras diligencias.

En este sentido, el fiscal señaló que la vinculación entre ambos procedimientos viene de unas afirmaciones realizadas por una acusación particular personada en esta causa (el SUP), sobre la supuesta utilización de las mismas entidades instrumentales en ambos casos en la constitución de sociedades que encubrirían la titularidad de los bienes.

Pero en su documento la Fiscalía dijo entender que no se habían acreditado estos extremos con la respuesta de la comisión rogatoria remitida a Panamá. Por esto, solicitó que se libre una nueva a dicho país, reclamando la información relacionada con los beneficiarios de determinadas entidades, al haberse ampliado el objeto de la investigación.

El ‘caso ático’

Hay que recordar que, tal y como descubrieron Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda en marzo de 2012, el presidente de la Comunidad de Madrid estrenó en 2008 un dúplex con sauna, jacuzzi y piscina privada valorado en 1,3 millones de euros, de los que cerca de 400.000 se abonaron en billetes de 500. La casa la compró el testaferro profesional californiano Rudy Valner a través de la sociedad Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware. Y los recibos de comunidad, por un importe de 600 euros mensuales, se abonaban contra una cuenta corriente del banco inglés Lloyd’s.

Pese a que el titular oficial del dúplex era Valner, que se publicita en Internet como testaferro profesional, Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, lo ocuparon desde el minuto 1. Es más, según la Policía, se gastaron alrededor de 200.000 euros en decorarlo. Hoy, Valner sopesa contarlo todo ante el juzgado, pues en Estados Unidos, donde está radicada su empresa de representación, el delito de blanqueo se paga con hasta 20 años de cárcel.